Ilegalidades y falta de TRANSPARENCIA en el Ayuntamiento de Albacete desde hace tiempo

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2

ALBACETE

55820

C/ TINTE, 3-2ª PLANTA

Número de Identificación Único: 02003 3 0000711 /2007

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 338 /2007

Sobre ADMINISTRACION LOCAL

De D/ña. ************.

Demandado: Ayuntamiento de Albacete y otros

SENTENCIA N° 380

En ALBACETE, a diez de diciembre de dos mil siete.

El Ilmo. Sr. D. ************, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo n° 2 de ALBACETE y su Partido, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 338/2007 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como recurrente *********, representado y defendido por el Letrado D. Andrés López Martínez, contra la resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil siete por el AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, representado y defendido por Letrado *********** y de otros como parte codemandada, por D. ********, representado y defendido por la Letrada ********, D. ******, D. ****, D. ***** y D. *****, representados y defendidos por Letrad ******, D. ********************, D. ***********************, D. *******************, D.*************************** y D. *******************, representados y defendidos por el Letrado D. **************, sobre PERSONAL. OFERTA EMPLEO PÚBLICO, y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda de Procedimiento Abreviado ante este Juzgado, fue registrada con el n° arriba anotado y por resolución de diecisiete de septiembre de dos mil siete, se admitió a trámite, reclamándose de la Administración demandada el expediente administrativo.

SEGUNDO.- En el acto de la vista, ambas partes expusieron por su orden las alegaciones que tuvieron por conveniente, contestando la parte demandada y codemandada al escrito de demanda, oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitando se dictara sentencia desestimando la pretensión formulada por la parte actora. Solicitando el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la propuesta por las partes que fue declarada pertinente, quedando tras el traslado para conclusiones, concluso para dictar sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del este recurso, se han observado todos los requisitos legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El presente procedimiento se inicia en virtud de escrito de interposición de recurso contencioso administrativo por el Letrado D. Andrés López Martínez en defensa y representación de ******** contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete de 4 de mayo de 2007 en la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la lista de aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para la provisión de plazas de bombero conductor del servicio contra incendios incluida en la oferta de empleo público 2004.

Por el recurrente se sostiene con su demanda la pretensión revocatoria tanto de la resolución antes citada, como la de todas las que le preceden y que dieron lugar a que no fuese seleccionado como candidato con plaza de bombero conductor correspondiente a la convocatoria de Oposición Libre, y todo ello como consecuencia de haberse permitido la participación de D. ***** en el proceso selectivo de Oposición Libre cuando no figuraba en las listas de admitidos para el referido proceso sino en el de Concurso Oposición, y tras la que resultó adjudicatario de una de las dos plazas prevista para Oposición Libre, proceso en el que el actor quedó obtuvo una puntuación por la que quedó como tercero. Por ello, también se solicita con la demanda que se le adjudique la referida plaza así como los derechos económicos inherentes a su desempeño. Se alega por el actor la nulidad o anulabilidad de las resoluciones impugnadas por la desviación de poder en el proceder de la Administración así como en la vulneración de los derechos de igualdad, mérito y capacidad recogidos en el art. 23.2 de la C.E. que garantizan el acceso a la función pública, así como en las numerosas irregularidades que se constatan a lo largo del expediente administrativo.

Por la Letrada del Ayuntamiento se opuso al recurso administrativo sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada así como del proceso selectivo seguido que concluyó con la adjudicación de una de las plazas al codemandado Sr. ***************** en el turno de oposición libre, y ello por haberse producido un error manifiesto en el momento de valorar su solicitud para tomar parte en el proceso selectivo que dio lugar a su indebida inclusión en la lista de admitidos para el turno de concurso oposición cuando debería haber sido incluido en la lista de la oposición libre, y que se trataría de un error manifiesto que es susceptible de subsanación en cualquier momento por parte de la Administración al amparo de lo dispuesto en el art. 105.2 de la LRJ PAC.

También se opuso a la reclamación, y para el de estimarse la demanda, de que   le fuese adjudicada la plaza de *********************** a ********************, así como a que se hiciese efectiva una reclamación por perjuicios económicos al no haberse seguido la correspondiente reclamación por responsabilidad patrimonial vía administrativa.

Por la Letrada de D. *********************** se opuso al recurso interpuesto y solicitó su desestimación en base a los mismos argumentos que se sustentan por parte del Ayuntamiento en cuanto al error de admisión del actor en el listado del turno de concurso oposición y no de oposición libre, haciendo hincapié en el hecho de que el codemandado supero todas las pruebas de la fase de oposición con mejor nota que el actor y que todas las pruebas, excepto las físicas, eran iguales en ambos procedimientos selectivos.

Por la Letrada ****************l y el Letrado D. *********************, que actuaban en representación de algunos de los participantes en el proceso selectivo como partes codemandadas, también se opusieron al recurso interpuesto sosteniendo la legalidad del proceso y de la resolución impugnada en base a los argumentos que expusieron en el acto del juicio.

SEGUNDO.- Para la resolución del presente litigio es necesario dejar constancia de los antecedentes de la resolución del Ayuntamiento en la cual se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por el actor.

Así, cabe comenzar con la convocatoria que se lleva a cabo por el Ayuntamiento de Albacete de un proceso de selección para la provisión de 8 plazas de bombero conductor del Servicio contra Incendios por concurso oposición libre vacantes en la Plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento incluidas en la oferta de empleo público para el año 2004 y cuyas bases fueron publicadas en el BOP de 15 de febrero de 2006. Por otro lado, también se convocó un proceso de selección de dos plazas de bombero conductor para el mismo servicio contra incendios por oposición libre y correspondientes a la misma oferta de empleo público, cuyas bases también fueron publicadas en el BOP de 15 de febrero de 2006.

El modelo oficial de solicitud para participar en cualquiera de los     procesos selectivos era el mismo, siendo el Sr. ******** presentó     una única solicitud que aparece unida al folio 69 del expediente, y de la que destaca el que no marcase la casilla en la que se justificaba la aportación de méritos para su valoración, pero aportando un título de Bachiller, cuando en las bases sólo se exigía para tomar parte en cualquiera de los procesos selectivos el estar en posesión del Título de Graduado escolar o FP de primer grado.

En la Base quinta de ambos procesos selectivos, y bajo el epígrafe de Admitidos, Excluidos, y celebración de pruebas, se establecía expresamente que «Terminado el plazo de presentación de instancias la Alcaldía dictaría una resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y se concederá un plazo de 10 días, contados a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, para subsanaciones». En cumplimiento de la referida base, se procedió a publicar la Resolución de la Alcaldía 14 de septiembre de 2006, en la que tras recoger el acuerdo de celebración de un único proceso selectivo, con independencia de la forma de acceso establecida por cada una de las Bases, se aprobaron por separado las listas de admitidos al turno de Concurso Oposición Libre, con un total de 308 aspirantes, en la que aparecía el codemandado **********, y la lista de admitidos al turno de Oposición Libre, con un total de 339 aspirantes, y en la que no se encontraba ********** (folios 73 y ss expediente administrativo).

Por parte del Sr. ******** se presentó, en el plazo marcado en las bases, reclamación alguna tendente a la subsanación del posible error por su posible inclusión indebida en la lista de aspirantes del turno de concurso oposición, ni tampoco por no haber sido incluido en la lista de aspirantes del turno oposición libre. Tampoco parte del Ayuntamiento de Albacete se procedió de oficio a efectuar modificación alguna del referido listado para subsanar esos posibles errores.

El día 30 de octubre de 2006 se hizo público el Acuerdo del Tribunal de Selección con la lista de méritos de los participantes en el fase de concurso oposición, y en la que aparecía el Sr. ******** con 0,20 puntos , al valorarse como mérito el titulo presentado (folio 99), sin que contra el referido acuerdo se efectuase por parte afectado, o del Ayuntamiento, reclamación o modificación alguna por la indebida valoración de méritos, tal y como se puede concluir de la lectura del acta del Tribunal calificador de 16 de noviembre de 2006 en la que se resolvieron las reclamaciones presentadas por los participantes, hasta concluir con el listado definitivo de méritos de los aspirantes del concurso oposición en el continuaba apareciendo el Sr. ********, y que a pesar de su publicidad, tampoco motivó reclamación alguna su parte.

Convocados todos los aspirantes a la realización del primer examen teórico, al ser común para ambos procesos selectivos, el Sr. ******** participó y apareció incluido en la lista de Aprobados en el turno de concurso oposición con 6,20 puntos, no apareciendo su nombre en la lista con las puntuaciones asignadas a los aspirantes a las plazas del turno de Oposición Libre, tal y como resultan del acuerdo del Tribunal Calificador tras su sesión de 4 de diciembre de 2006. Tampoco consta que el codemandado presentase reclamación alguna por la inclusión de su puntuación en el listado de aspirantes del turno de Oposición Libre.

Con posterioridad, el Tribunal Calificador convocó para el 12 de diciembre de 2006 a todos los aspirantes que habían superado con más de cinco puntos el ejercicio teórico en el turno de concurso oposición para realizar las pruebas físicas el día 12 de diciembre de 2006, sin que se presentase el Sr. ********, a pesar de estar entre los convocados, no constando en el acta del Tribunal Calificador referencia alguna al respecto (folio 148). En cambio, el codemando se presentó el día 14 de diciembre de 2006 para las pruebas de aptitud física del turno de oposición libre a pesar de que no estaba incluido en el listado de aspirantes convocados, sin que el Tribunal Calificador hiciese referencia alguna en tal sentido, y no sólo se le dejó participar, sino que además acabó incluido en la lista de resultados con la calificación de “apto”. El proceso de selección continuó hasta aparecer de nuevo el codemandado en el listado de reconocimientos médicos como apto para la oposición libre, no apareciendo en la de concurso oposición, y todo ello sin que exista decisión alguna por parte del Tribunal o del Ayuntamiento relativa a la inclusión del codemando en una lista de aspirantes distinta a la que inicialmente fue admitido, y todo ello a pesar de que el propio Tribunal calificador ya tuvo conocimiento en su reunión de 15 de enero de 2007 de una reclamación presentada por otro participante, en concreto D. ***********************, y en la que ya se denunciaba la participación en el turno de oposición libre del aspirante no incluido en su lista de admitidos, cuya como única reacción del Tribunal la de darse por enterados y derivar su resolución a la Junta de Gobierno Local (folio 154).

La reclamación de  *********, presentada en los mismos términos que la posteriormente efectuada por el actor, fue resuelta por el Ayuntamiento en los mismos términos que los recogidos en la impugnada en este procedimiento.

Por último, el proceso selectivo concluyó con una puntuación final a favor de D. ************** en el turno de oposición libre por la que se le adjudicó el primer puesto, y con ello, una de las dos plazas de bombero conductor, y donde el actor obtuvo una puntuación por la que quedó como tercer aspirante, y por tanto, sin plaza.

TERCERO.- Delimitados los hechos resultantes del expediente administrativo, cabe analizar los argumentos por los que el Ayuntamiento desestima el recurso interpuesto por el Sr. Salas frente a la inclusión del codemandado en la lista de admitidos en el turno de oposición libre y no de concurso oposición, y donde se toma como referente el informe de 29 de marzo que elabora la Jefa de la Sección de Funcionarios, del que cabe resaltar tres puntos fundamentales: En primer lugar, que el Sr. **************** se presentase en la Sección de Funcionarios del Ayuntamiento, y una vez celebrado el primer ejercicio teórico, para advertir que había sido incluido indebidamente en la lista de admitidos del concurso oposición y no en la de oposición libre. En segundo lugar, se dice que una vez advertido el posible error de inclusión en las listas del codemandado, por parte de la Sección de Funcionarios se procedió a subsanar dicho error amparados en la facultad prevista para rectificación de errores en el art. 105.2 de la Ley 30/92. Por último, la resolución de 4 de mayo de 2007 consta como al Sr. **************** se convoca únicamente para la realización de las pruebas físicas para la oposición libre una vez que había superado el primer ejercicio.

Frente a tales argumentos, y puestos en relación con los que constan detallados en el anterior fundamento jurídico, se puede concluir que ninguno de los mismos se constata del actuar de la administración plasmado a lo largo del expediente administrativo.

En efecto, no existe documento alguno donde se deje constancia de la personación el 4 de diciembre de 2006 del Sr. **************** en las dependencias municipales con el objeto de denunciar el supuesto error por su indebida inclusión en las listas de aspirantes admitidos del concurso oposición y no en el de oposición libre. Tal circunstancia, y aún dando por cierta su existencia, ya supondría una irregularidad contraria a las propias bases de la convocatoria, no ya por admitir reclamaciones verbales en un proceso de concurrencia competitiva, contrario al más elemental actuar administrativo, sino por la extemporaneidad en la que se efectúa, pues habrían transcurrido   los diez días de plazo de subsanación expresamente determinados en la base quinta de la convocatoria. Por ello, y desde el momento en que se publicaron las listas de admitidos en el turno de oposición libre en las que no se encontraba incluido el codemandado, como si que lo estaba en la de concurso oposición,   y donde llegó a ser baremado, al no presentar el Sr. González ninguna reclamación en el plazo y la forma legal establecida , el mismo se aquietó en su participación para el turno para el que fue admitido y no para aquel en la que no lo fue , pues es necesario recordar que las bases de todo proceso selectivo son Ley del referido proceso y vinculan por igual a la Administración y a todos aquellos que toman parte en el mismo.

A continuación, y frente al argumento de la Administración según el cual la sección de funcionarios rocedió a la subsanación del error, lo cierto es que en el expediente administrativo no consta resolución alguna en tal sentido, como tampoco consta resolución por la que se acordase convocar al Sr. González Montero para realizar las pruebas físicas para la oposición libre.

CUARTO.- Por todo lo anterior, valorar judicialmente la posible existencia de un error de hecho de los previstos en el art. 105.2 de la LRJ PAC, y que podía subsanarse en cualquier momento por el Ayuntamiento, para con ello justificar que se permitiese al codemando participar en un proceso selectivo para el que apareció como admitido, resulta en todo punto baladí desde el momento que no consta ningún acto administrativo con tal contenido y cuya legalidad pueda ser objeto de revisión judicial, al haberse producido con la actuación descrita por parte de la Administración y del Tribunal Calificador un irregular proceder que no puede comprenderse dentro de una mera rectificación de errores materiales.

No obstante, y con respecto a tal facultad de rectificación de errores, si que cabe decir que la línea divisoria entre el error material o de hecho y el de derecho o conceptual es a veces de imprecisa determinación. La jurisprudencia, sin embargo, se ha encargado de determinar las características básicas que presenta el error material o de hecho para ser reconocido como tal. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1992 señala que éste se define por «ser manifiesto, ostensible e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo sin necesidad de mayores razonamientos y exteriorizándose, «prima facie», por su sola contemplación».

De esta suerte, sus requisitos configuradores serían, en esencia, los siguientes:

a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;

b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;

c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretación de normas jurídicas aplicables;

d) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto, pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica;

e) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no se genere la anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues «el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificadora de oficio, encubrir una auténtica revisión, pues ello entrañaría un fraude de ley, constitutivo de desviación de poder».

Aplicada la referida doctrina al supuesto que nos ocupa, en donde la instancia para participar en ambos procesos selectivos era la misma y cuando el codemandado aportó un título de bachiller, que no era requisito necesario para tomar parte en ninguno de los procesos de selección, pero sí que lo era para ser baremado como mérito en el turno de concurso oposición,  y a pesar de que no se indicó en la solicitud que se presentaban méritos, una vez que transcurrió el plazo previsto en las propias bases para subsanación de errores no podría admitirse una decisión del Ayuntamiento acordando una rectificación, una vez celebrado el proceso selectivo, amparada en el art. 105.2 de la LRJ PAC, puesto que el acto rectificador no podría tener idéntico contenido que aquel que se pretende rectificar y se incurría en un fraude de ley constitutivo de una desviación de poder.

QUINTO.- Por todo lo expuesto, es necesario recordar la regla general y obligatoria de adopción por parte de la Administración de una resolución que sirva de fundamento su posterior actuación material, pues de no hacerlo se estaría incurriendo en un vía de hecho determinante de una desviación de poder.

Doctrinalmente, es esclarecedora la Sentencia del Tribunal Supremo en su Sala Tercera de 22 de septiembre de 2003 donde vino a establecer : «El concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho Administrativo francés que desde lejos viene distinguiendo dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder del que legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar el procedimiento establecido por la norma que le haya atribuido ese poder o potestad (manque de procédure).

Dicha categoría conceptual pasó hace tiempo a nuestro ordenamiento jurídico, especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia para comprender en ella tanto la actuación material de las Administraciones Públicas que se producen sin haber adoptado previamente una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico como aquella otra actividad material de ejecución que excede evidentemente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo.

El primer supuesto, esto es, cuando la actuación administrativa carece de resolución previa que le sirva de fundamento jurídico, se encuentra prohibido con rotundidad en el art. 93 de la LRJ y PAC. Y a dicha falta de acto previo son asimilables aquellos casos en los que, existiendo tal acto, éste se ve afectado de un irregularidad sustancial, que permite hablar de acto nulo de pleno derecho o, incluso, inexistente viéndose privado de la presunción de validez que predica de todo acto administrativo el art. 57.1 LRJ y PAC.

El segundo supuesto se refiere a los casos en que la ejecución material excede de su título legitimador extralimitándolo.

En definitiva, como señalaba la STS de 8 jun. 1993 “La vía de hecho” o actuación administrativa no respaldaba en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación se produce no sólo cuando no existe acto administrativo de cobertura o éste es radicalmente nulo, sino también cuando el acto no alcanza a cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, excedida de los límites que el acto permite.”

La anterior doctrina debe ponerse en relación con la obligación de los tribunales de garantizar que la Administración sólo actúe revestida de sus prerrogativas si lo hace siguiendo los procedimientos y buscando los fines que la norma le impone. En un estado de derecho la Administración debe actuar siempre conforme a la Ley y al Derecho, según establecen los art. 9.3 de la Constitución y 3.1 de la Ley 30/1992, y máxime cuando se trata de actuaciones materiales que invadan o limiten los bienes o derechos de los particulares.

Y su la Ley impone a la Administración la obligatoriedad de adoptar una resolución que le sirva de fundamento jurídico para iniciar cualquier actuación material, significa exactamente eso: que antes de realizar una actuación material que afecte a los bienes, derechos o intereses de un particular, la Administración debe adoptar esa resolución consistente en la declaración de voluntad ejecutiva de una resolución anterior o al amparo de lo dispuesto en un precepto normativo concreto.

En presente caso el Ayuntamiento de Albacete al amparar su decisión de desestimar la reclamación presentada por D. ***************************, como con anterioridad hizo con la reclamación de otro aspirante, y justificar la participación de ************************** en el turno de oposición libre sin haberse adoptado una decisión administrativa previa que le sirviese de cobertura, ha incurrido en un vía de hecho merecedora del reproche de ilegalidad que justifica su anulación.

Por su parte el Tribunal calificador, que en principio también tiene reconocida la potestad de rectificación de errores amparada en el art. 105.2 de la LRJ PAC, ha de observar en el procedimiento selectivo el contenido en las propias bases de la convocatoria, sin que puedan alterarlas ni disponer trámites en ellas no previstos. Con estas premisas, se actuó de forma irregular al no observar el procedimiento dispuesto en la convocatoria no respetando las listas de admitidos de cada uno de los procesos selectivos, incurriendo con ello en uno de los supuestos susceptibles de revisión por los Tribunales Jurisdiccionales, pues se excede de sus competencias para ámbitos en los que los criterios utilizados y su resultado responden a la denominada discrecionalidad técnica irreversible. Así, y para el supuesto que nos ocupa, al no hacer el Tribunal Calificador mención alguna ante la ausencia del codemandado a las pruebas físicas del turno de concurso oposición, a pesar de constar como admitido en tal turno, y permitirle participar en las de oposición libre, a pesar de no estar entre los admitidos en la misma, sin tampoco haber adoptado decisión que le facultase para ello, actuó de manera contraria a las reglas y bases del procedimiento y también merecedora del reproche de ilegalidad por tal irregular proceder.

SEXTO.- Se puede por tanto concluir que la actuación del Ayuntamiento y del Tribunal calificador supone una auténtica vía de hecho generadora de una desviación de poder contraria a derecho y generadora de una causa de nulidad de las previstas en el art. 62 1 e) y f) de la LRJ PAC, por permitir a un opositor presentarse a un proceso selectivo para el que no estaba admitido, circunstancia que no parece que se haya dado con ningún otro aspirante para los que cualquier reclamación tuvo que canalizarse y ser objeto de resolución por los cauces previstos en las bases, generándose con ello una situación de desigualdad y perjuicio a otros aspirantes como el demandante que tras pasar todo el proceso selectivo en el turno de oposición libre vio frustradas sus expectativas de conseguir una de las dos plazas en liza a consecuencia de de la indebida de otro opositor que resultó con mayor puntuación final . Por tal circunstancia, no sólo resulta    nula la decisión del Ayuntamiento de Albacete de 4 de mayo de 2007 desestimando el recurso interpuesto por el demandante, sino todas las decisiones adoptadas por el Tribunal Calificador con respecto a las calificaciones y adjudicación de la plaza por el turno libre a ********************************* adoptadas desde que el momento en que se le permitió su presentación y valoración en las pruebas físicas del turno de oposición libre.

La presente decisión no afecta a la validez del resto del procedimiento selectivo, tanto en cuanto a la fase de concurso oposición, en la que el Sr. **************** decidió no presentarse a las pruebas físicas, como a las de oposición libre y con respecto al resto de exámenes y calificaciones del resto de participantes (art. 66 LRJ PAC).

Ahora bien, y al ser nulo de pleno derecho el nombramiento como bombero conductor por oposición libre de *******************************, el restablecimiento de la situación jurídica perturbada por tales actos administrativos exige el acogimiento, en su integridad, de la pretensión del actor que fue quien obtuvo la tercera mejor puntuación, al mantenerse las calificaciones asignadas por la propia Administración en las distintas fases y ejercicios previstos en la Convocatoria, y el reconociendo de su derecho a la obtención y el nombramiento de la plaza correspondiente en el turno de oposición libre como funcionario en prácticas hasta en tanto supere un curso selectivo conforme a lo previsto en el art. 21 d) del Reglamento Interno del Servicio Contra Incendios a ******************************, tras ************************, por la nulidad de la Resolución de 21 de febrero de 2007 en cuanto al nombramiento de **************************, y todo ello con los efectos administrativos y económicos a que hubiere lugar. Estos últimos se cuantificarán, en su caso, en la fase de ejecución de sentencia tomando como base las remuneraciones dejadas de percibir por el actor en atención al período de tiempo en el que no ha podido desempeñar las funciones correspondientes de bombero conductor en el Ayuntamiento de Albacete, y descontadas las que haya podido percibir durante ese mismo periodo de tiempo en el que haya desempeñando funciones de bombero conductor o similar en cualquier otro lugar , pues sería esta la forma con la que cuantificar los perjuicios realmente sufridos, y todo ello sin necesidad de seguir un procedimiento independiente de reclamación por responsabilidad patrimonial al ser una consecuencia ineludible de la estimación del presente recurso contencioso administrativo.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas, y al no apreciarse la suficiente temeridad o mala fe en los codemandados en esta instancia, no procede hacer su expresa condena en costas al amparo de lo dispuesto en el art. 139 de la LJC.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás que sean de general y pertinente aplicación.

FALLO

 

Que ESTIMANDO el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado D. Andrés López Martínez en defensa y representación de D. *************************** contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete de 4 de mayo de 2007 en la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la lista de aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para la provisión de plazas de bombero conductor del servicio contra incendios incluida en la oferta de empleo público 2004, así como contra los actos precedentes y que determinaron la privación de la plaza al actor;

DEBO DECLARAR Y DECLARO:

1.- La nulidad de la resolución de 4 de mayo de 2007 por ser contraria a derecho.

2.- La nulidad de todas aquellas resoluciones precedentes a la anterior y adoptadas por el Tribunal Calificador o el Ayuntamiento de Albacete en el referido proceso de selección en cuanto a la calificación y posterior nombramiento como funcionario en prácticas el 21 de febrero de 2007 con relación a **********************************, nulidad que arranca desde que se permitió la presentación de este último a las pruebas físicas por el turno de oposición libre para las que no estaba admitido, y todo ello por ser contrarias a derecho, manteniéndose la validez de las restantes resoluciones adoptadas en ambos procesos selectivos con relación al resto de aspirantes y que no se vean afectadas por esta decisión.

3 — CONDENAR al Ayuntamiento de Albacete a que proceda al nombramiento de D.**************************** como funcionario en prácticas, en tanto supere, un curso selectivo conforme a lo previsto en el art. 21 apartado d) del Reglamento Interno del Servicio contra Incendios, y todo ello con los efectos administrativos y económicos que le hubiesen correspondido desde que debió ser incluido en la resolución de 21 de febrero de 2007 tras D. *********************, siendo que los efectos económicos se cuantificarían, en su caso, en ejecución de sentencia y descontado lo que hubiese podido percibir el actor al desempeñar en los mismos periodos de tiempo otra plaza como bombero conductor o similar en cualquier otro lugar.

No se hace expresa condena en costas en esta instancia.

Notifíquese a las partes informándoles que la presente resolución no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días ante este mismo Juzgado y a resolver por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en ALBACETE.